Querella por desacato expone a Sebastián Sichel a una investigación penal por retiro de carteles en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfrenta una querella criminal por un eventual delito de desacato, luego de que la Municipalidad continuara con el retiro de estructuras publicitarias de Power Graphics pese a la existencia de resoluciones judiciales que ordenaban abstenerse de intervenir esos bienes.

La acción fue presentada por Carlos Frings, en representación de Power Graphics, contra Sichel y contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores. El escrito solicita que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si corresponde formalizar y acusar a los involucrados.

El conflicto se encuentra relacionado con 20 carteles publicitarios y siete pantallas digitales instalados en distintos puntos de Ñuñoa, cuya propiedad y régimen de explotación son discutidos actualmente ante el 20° Juzgado Civil de Santiago.

Dos resoluciones judiciales

Según la querella, el tribunal decretó el 6 de mayo de 2026 una medida prejudicial precautoria que prohibió celebrar actos o contratos respecto de las estructuras individualizadas en la causa.

La resolución fue notificada personalmente a la Municipalidad de Ñuñoa, representada por Sichel, el 27 de mayo, sin que el municipio presentara oposición o recurso contra la medida.

Posteriormente, el 12 de junio, el tribunal ordenó a la Municipalidad dar “estricto cumplimiento” a la prohibición y abstenerse de realizar actuaciones que pudieran contravenirla, bajo apercibimiento de aplicar las medidas previstas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Pese a ello, durante la madrugada del 2 de julio fue retirado un cartel ubicado en avenida General José Artigas, frente a un supermercado, estructura que aparecía expresamente incluida entre los bienes protegidos por la resolución judicial.

La querella sostiene que el retiro fue ejecutado por instrucciones del alcalde y que no correspondió a un acto preparatorio ni a una interpretación administrativa discutible, sino a la intervención material de un bien cuya situación estaba sometida a la justicia.

Abogados acusan incumplimiento deliberado

El abogado de Power Graphics Miguel Schürmann calificó la actuación municipal como un incumplimiento evidente de una resolución judicial.

“Estamos ante un evidente y desvergonzado desacato de una orden judicial que le ordenó y luego notificó a la Municipalidad que no puede realizar acto alguno en relación con los letreros indicados”, afirmó.

Schürmann agregó que la conducta sería especialmente grave porque el alcalde estaba en conocimiento de que el conflicto había sido entregado a los tribunales.

“Consideramos especialmente grave que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sabiendo que el conflicto con Power Graphics se encuentra radicado en la justicia, y esta le ha ordenado no realizar actos, desacate la orden y cometa un delito”, señaló.

Por su parte, Héctor Salazar Ardiles, también abogado de la empresa, ha sostenido que la acción penal no busca impedir las facultades fiscalizadoras del municipio, sino exigir que la autoridad respete las decisiones judiciales.

«Ninguna autoridad, puede situarse por sobre las leyes y lo que resuelvan los Tribunales, y resulta lamentable que el señor Alcalde de Ñuñoa haya mutado en dictador de su comuna», aseguró el exabogado de la vicaría d la solidaridad y panelista en El Periodista TV.

La posición de la defensa es que la Municipalidad podía cuestionar permisos, contratos o derechos municipales ante los tribunales, pero no retirar o destruir las estructuras mientras se mantenía vigente una orden que exigía abstenerse de intervenirlas.

Los riesgos penales para Sichel

La querella invoca el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona a quien quebrante una resolución judicial cuyo cumplimiento le ha sido ordenado.

De acuerdo con el escrito, el eventual delito de desacato requiere la existencia de una resolución vigente, el conocimiento de esa orden por parte del obligado y la realización de una conducta que la contradiga.

Power Graphics sostiene que esos elementos concurrirían en este caso porque la Municipalidad fue notificada de ambas resoluciones y, aun así, procedió al retiro del cartel.

La querella atribuye a Sichel responsabilidad directa por su condición de representante legal y máxima autoridad ejecutiva del municipio. También señala que el alcalde habría reconocido durante una sesión del Concejo Municipal haber impartido la instrucción y anunciado que continuarían los desmontajes.

Si el Ministerio Público estima que existen antecedentes suficientes, el alcalde podría ser citado a declarar como imputado, quedar sujeto a una investigación formal y eventualmente enfrentar una acusación penal. La presentación pide expresamente que se determine la participación de Sichel y de los funcionarios o particulares que intervinieron en el operativo.

La querella indica que el delito invocado contempla una pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo. Sin embargo, la existencia del ilícito, la participación del alcalde y una eventual sanción solo podrán ser establecidas por los tribunales.

Solicitan identificar a quienes participaron

Entre las diligencias pedidas se encuentra solicitar el expediente completo de la causa civil, citar a declarar a Sichel e identificar a las personas que ejecutaron materialmente el retiro.

También se requiere que la Municipalidad informe qué autoridad impartió la orden, qué empresa fue contratada, qué maquinaria se utilizó y dónde se encuentra actualmente la estructura retirada.

Además de las consecuencias penales, el caso puede generar riesgos administrativos y políticos para el alcalde, debido a que la controversia apunta directamente al cumplimiento de resoluciones judiciales por parte de una autoridad pública.

La defensa de Power Graphics sostiene que no se está discutiendo si la Municipalidad tiene facultades para fiscalizar la publicidad en la vía pública. El punto central es si Sichel podía ejecutar el retiro mientras los bienes se encontraban bajo protección judicial y su dominio era materia de un juicio pendiente.

La querella representa la posición de Power Graphics y no constituye una sentencia. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y a los tribunales determinar si existió desacato y quiénes tuvieron responsabilidad en las actuaciones denunciadas.